TERRORISTAS Y PEDERASTAS
MADRID.- El Gobierno propondrá que la reforma del Código Penal que presentará en el Congreso el próximo otoño contemple medidas de libertad vigilada para pederastas y terroristas reincidentes que podrán durar hasta 20 años después de cumplida la condena.
Así lo han anunciado los ministros de Justicia y de Interior, Mariano Fernández Bermejo y Alfredo Pérez Rubalcaba, respectivamente, tras mantener una reunión en la que han analizado los puntos clave de la reforma del Código Penal, que prevé también que los delitos de terrorismo más graves, como los asesinatos, no prescriban.
Las medidas de libertad vigilada podrán consistir en comparecencias judiciales periódicas, pulseras electrónicas de seguimiento del condenado, programas formativos de reinserción e incluso la castración química, en el caso de delincuentes sexuales y siempre y cuando lo acepte el penado.
Ninguna de ellas se aplicará con carácter retroactivo a los delincuentes que están ahora en prisión. Sólo se podrán establecer en las condenas que se dicten a partir de la entrada en vigor de la ley y así deberá constar en la propia sentencia.
La libertad vigilada para los delincuentes sexuales se contemplará para aquéllos con pronóstico "negativo" de rehabilitación a su salida de prisión. Además, el ministro de Justicia ha anunciado también la puesta en marcha de un registro de pederastas durante el primer trimestre de 2009. El objetivo que estas personas puedan ser identificadas "inmediatamente" y que se impida que trabajen con niños.
En el caso de los terroristas, los dos ministros se han mostrado de acuerdo en que los tribunales impongan de forma obligatoria al acusado medidas de alejamiento de sus víctimas directas. Rubalcaba ha reconocido que es muy difícil aplicar un alejamiento con carácter general con respecto a todas las víctimas del terrorismo, dado el alto número de personas que han sufrido atentados.
La reforma de Código Penal incluirá también un nuevo tipo penal para perseguir como asociación de malhechores a aquellos delincuentes que se organicen "de forma transitoria" para cometer un delito, como ocurre con los asaltos a chalés o a joyerías. Se trata, como ha indicado Fernández Bermejo, de "proteger mejor" a las víctimas.
La protección del menor tendrá una especial relevancia en la reforma del Código Penal, ya que se prevé el incremento de penas para los casos de agresión y abusos sexuales, prostitución y pornografía infantil. Fernández Bermejo ha destacado como novedad un especial castigo para quienes capten a menores para "espectáculos pornográficos", y a los que ofrezca material pornográfico infantil.
El tráfico de menores practicado por las mafias de inmigración ilegal también será castigado con mayor dureza en el futuro Código Penal. La intención del Gobierno es que los patrones de las pateras o cayucos que transporten menores hasta las costas españolas sean condenados con penas de hasta 12 años de prisión, casi el doble que en la actualidad.
En los últimos meses se han sucedido varios casos de pederastas reincidentes que han sobrecogido a la sociedad y que han abierto el debate sobre si el Código Penal era o no lo suficientemente duro o no. Uno de esos casos el de la niña Mari Luz Cortés, cuyo presunto asesino, Santiago del Valle, tenía pendiente por cumplir una pena de cárcel por abusar de su propia hija. El juez que no vigiló la ejecución de la sentencia, Rafael Tirado, ha sido sancionado con una multa de 1.500 euros, lo que también ha levantado fuertes críticas.
Además, la semana pasada, la policía detuvo en Santander como sospechoso de haber abusado de una niña de seis años a un pederasta multirreincidente, que hacía sólo tres días que había salido de la prisión de Dueñas (Palencia) tras haber cumplido la última de sus condenas, ha confirmado la Delegación del Gobierno.
Respecto al terrorismo, el caso reciente más polémico tiene como protagonista a José Ignacio de Juana Chaos. Sin ningún atisbo de arrepentimiento por sus 25 asesinatos, el etarra salió de la cárcel el pasado 2 de agosto tras cumplir 21 años -los dos últimos por amenazas-, de los 3.000 a los que fue condenado, ante la indignación de las víctimas. El ex miembro del 'comando Madrid' fijó su residencia en un conocido barrio de San Sebastián, donde convivirá junto a cinco víctimas del terrorismo en el mismo edificio y calle, lo que desembocó a llamamientos de muchos colectivos y partidos para que se establezcan medidas de alejamiento al igual que ocurre en casos de violencia doméstica.
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