ABOGADOS DEL DIABLO QUE HAN PASADO POR AQUÍ

martes, 23 de junio de 2009

LA BÚSQUEDA Y EL TEDH


Por primera vez una familia española va a llevar al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo al Estado por su “pasividad” al no “esclarecer” dónde y en qué circunstancias fue asesinado por las tropas franquistas el diputado socialista de la República Luis Dorado Luque. Una de sus hijas, de 83 años, y su nieto han agotado ya todas las vías judiciales en nuestro país para reclamar que se identifiquen los restos de Dorado y les sean entregados a la familia, por lo que han decidido elevar la causa a Europa, que ahora tendrá que decidir si admite a trámite la decisión.

En 1979 comenzó la lucha de la familia del diputado socialista republicano Luis Dorado por recabar información sobre las circunstancias en las que fue asesinado por el régimen franquista en 1936 y por encontrar sus restos y, hasta ahora, los resultados han sido muy pocos, y la respuesta judicial de los tribunales españoles, nula. Por eso una hija del diputado, Carmen Dorado, de 83 años de edad, y un nieto de éste, Antonio Gutiérrez, de 57, han decido elevar una demanda ante el tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo en la que alegan que “la pasividad del Estado al no esclarecer el paradero del desaparecido o las circunstancias de su muerte, la falta de asistencia a la familia y la ausencia de investigación exhaustiva representa violaciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos”.

Según recoge el diario Público, esta familia es la primera que ha dado el paso de llevar a Europa las desapariciones y represalias de sus antecesores. Para las asociaciones de memoria se trata de un importante precedente, ya que la denuncia hace referencia a que “el Estado debe dar respuesta” a los “crímenes cometidos por las fuerzas armadas del régimen anterior”. En cualquier caso, según explicó Antonio Gutiérrez, la familia no busca “que se enjuicie el régimen anterior”, sino simplemente que se hagan valer sus “derechos fundamentales”.

Aunque Dorado fue fusilado en 1936, su familia no logró demostrar su muerte hasta los años 90 y su viuda no recibió una pensión hasta 1993, puesto que Dorado no constaba como fallecido en el registro civil de Córdoba, donde vivía. En 2006, su nieto se decidió a llevar el caso a la vía judicial y presentó denuncias en el juzgado de instrucción número 2 de Córdoba y en la Audiencia Provincial. Ambas fueron rechazadas basándose en que los delitos de secuestro, desconocimiento de paradero y asesinato habían prescrito. Pese a ser conscientes de que su causa “no tenía futuro”, los familiares de este represaliado decidieron agotar todas las vías en España para poder elevar el caso a Europa.

Su denuncia llegó en forma de recurso de amparo ante el Constitucional, que alego no tener competencias en el asunto. Posteriormente, en la Audiencia Nacional el caso cayó en manos de Baltasar Garzón que, al inhibirse de la investigación del franquismo, devolvió el tema a los juzgados territoriales que ya habían rechazado la denuncia. Cuando el juzgado número 6 de Córdoba anunció que no seguiría adelante con la exhumación de la fosa donde supuestamente están los restos de Dorado, la familia llegó a denunciar a la alcaldesa de la ciudad, Rosa Aguilar, al estimar que su Ayuntamiento ponía impedimentos para la apertura de la fosa. La querella también fue archivada.

Gutiérrez recordó que la denuncia en Estrasburgo no pretende que el tribunal europeo asuma la investigación o que ordene la exhumación de las fosas, puesto que estas tareas no entran dentro de su competencia. La corte internacional podría, en cambio, reconocer la existencia de una violación de los derechos humanos que obligue al Estado español tomar medidas.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se refirió a esta denuncia en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros de este viernes, y recordó que la familia de Dorado se ha dirigido en varias ocasiones a la Administración española para pedir ayudas en el marco de la ley de la memoria histórica, unas ayudas que recibió en 2008 (actualmente se está tramitando concederles una nueva subvención). De la Vega afirmó que “el deseo del Gobierno es contribuir a reparar la memoria personal y familiar de las personas que sufrieron las consecuencias de la guerra civil española” y recordó que la mayoría de los postulados de la ley de memoria están ya en marcha.

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