CONSTRUIR EN RÚSTICO
Comprar una parcela, contratar a un arquitecto técnico para obtener un certificado falso de obra, construir una casa sin licencia en suelo no urbanizable y después revenderla conlleva penas que pueden alcanzar los ocho años de cárcel. Es lo que ya ha pedido la Fiscalía en uno de los primeros casos de este tipo detectados en la provincia de Cádiz. Después de este vinieron más que la Guardia Civil agrupó bajo el nombre Operación Obra Nueva. La investigación para desmantelar una trama dedicada a la falsificación de certificados de obra con el objetivo de simular la legalidad de casas construidas sin permiso avanza en los despachos policiales y judiciales. La Fiscalía estudia la posible división del caso en varias piezas para tratar de agilizar su tramitación.
Uno de esos primigenios casos se juzgará el próximo 22 de octubre en la Audiencia Provincial de Cádiz. En el banquillo se sentarán seis personas, entre propietarios, arquitectos técnicos y constructores. Ocurrió en Chiclana en 2003. La propietaria de una constructora, María Ángeles G.U., vendió una finca en la zona conocida como Pago Melilla. Previamente había conseguido de un arquitecto técnico, Francisco Carlos T.S., una escritura en la que figuraba que en esa finca existía una construcción de cinco años de antigüedad. Algo, según la Fiscalía, completamente falso puesto que se trataba de un solar vacío.
De esa forma la promotora validaba la existencia de unas casas que construyó después, gracias a un constructor, José O.G., también imputado. Viviendas que se levantaron sin ningún permiso en suelo no urbanizable. Las nuevas casas contaron con un certificado de obra nueva de un ingeniero técnico industrial, Diego G.G., con lo que la apariencia de legalidad era absoluta.
Con todos esos papeles obtenidos de forma fraudulenta, según la Fiscalía, vendieron las casas a unos particulares, mayoritariamente extranjeros, quienes desconocían el origen ilícito de las casas. El Ministerio Público ha pedido penas para los seis acusados que oscilan entre los dos años y ocho años de prisión por delitos contra la ordenación del territorio, falsificación de documentos oficiales y otro continuado de estafa. Los principales perjudicados son los compradores finales de las casas porque la Fiscalía pide también su derribo aunque, a cambio, solicita que se les indemnice con el dinero que pagaron y los intereses correspondientes.
Se trata del mismo modus operandi que el desvelado el año pasado por la Guardia Civil en la operación Obra Nueva que, de momento, lleva 38 implicados. Aquella investigación policial puso la lupa en operaciones ilícitas que se llevaban desarrollando de manera habitual desde hacía tiempo. Los trabajos del Instituto Armado desvelaron que en muchos de los casos detectados coincidían muchos nombres. Ahora el Ministerio Público estudia si pedirá mantener la unidad de todo el caso bajo una misma causa judicial o proponer su división en varias piezas.
"Todavía es pronto para tomar una postura", explica el fiscal de Medio Ambiente, Ángel Núñez. Con todo, resalta la ventaja que supone la división del caso. "No todos los hechos van al mismo tiempo. Así que a medida que se vayan terminando algunas investigaciones, podríamos ir cerrando algunas diligencias. En la medida de lo posible, desde luego, es conveniente la división para agilizar".
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