SIN DERECHO DE DEFENSA

Tres asociaciones representativas de los 4.500 abogados de oficio de Madrid han denunciado este martes que, por decisión del Gobierno regional, no podrán prestar asistencia jurídica a los extranjeros inmersos en procesos de expulsión por haber entrado ilegalmente en España, a partir del 16 de febrero.

Según Luz Elena Jara, secretaria general de la Asociación Profesional de Letrados de Extranjería de Madrid (APAEM), los nuevos requisitos establecidos por la Comunidad a través de la Comisión de Asistencia Gratuita en la práctica "niegan el derecho a la defensa a estos justiciables".

"A partir del 16 de febrero, si se llega a aplicar de manera automática la medida establecida por la Comunidad de Madrid, los extranjeros que estén en procedimientos de expulsión van a carecer de asistencia jurídica gratuita. No podemos asistirles, porque nos exigen unos requisitos en plazos perentorios de quince días como aportar poderes, documentación, etcétera", ha explicado esta representante. El papel de los abogados de oficio será "meramente presencial, sin posibilidad de defenderles", lo que, a su juicio, constituye una "violación de un derecho fundamental".

Para María Jesús Díaz Veiga, de la Asociación Libre de Abogados (ALA), la anulación de la asistencia gratuita a extranjeros es el "comienzo de las maniobras de privatización" de este servicio que lleva a cabo el Gobierno de Esperanza Aguirre.

El secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM-PSOE), Tomás Gómez, que se ha reunido en la Asamblea de Madrid con los representantes de los abogados de oficio, ha advertido de su "oposición frontal y radical a la privatización del servicio de asistencia jurídica gratuita" y ha manifestado su "apoyo" a las movilizaciones que efectúen estos abogados.

Almudena Monje, de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO), ha recordado además que el Gobierno de Aguirre mantiene una deuda de más de 28 millones de euros con el Colegio de Abogados de Madrid. El impago corresponde al retraso en la retribución de los honorarios devengados en 2008, del que sólo se ha abonado el 29 por ciento del segundo trimestre; un retraso que afecta a 4.500 abogados del turno de oficio, según sus datos.