LA LEY GITANA

Un tiroteo en la barriada de las Tres Mil Viviendas de Sevilla en el que murió un joven de 17 años motivó, en cumplimiento de la ley gitana, la huida inmediata de 35 familias con más de 300 personas hacia un descampado de las afueras, donde llevan 84 días, y que se prolongará al menos hasta septiembre.

Desde que se produjo la huida masiva el 29 de marzo pasado, el problema en las chabolas en las que malviven se ha ido agravando por las fuertes temperaturas de los últimos días.

Tras el tiroteo, por el que hay seis detenidos, se han producido varios intentos de regresar a las casas abandonadas, todos ellos frustrados por la oposición de los familiares del fallecido, y esta misma semana los chabolistas han aceptado no volver a las Tres Mil, por lo menos hasta septiembre.

Las chabolas están construidas con hierros, cartones y telas, y su precariedad impide estar dentro de ellas con las temperaturas de 40 grados o más registradas varios días de junio.

Con el fondo del moderno metro de Sevilla recién inaugurado, en el descampado, situado junto a la ronda de circunvalación de Sevilla, se están congregado más chabolistas que no tienen relación con los sucesos, que no pueden hacerlo cuando van en pequeños grupos porque entonces son desalojados por el Ayuntamiento.

Unos mediadores de las Tres Mil, representantes de familias "respetadas", han intervenido los últimos días para intentar solventar la problemática y para evitar una "masacre entre gitanos".

Rafael "El Granaíno", uno de los mediadores, lamentó que "por desgracia para los gitanos, si uno comete una falta, todos nos tenemos que ir", algo que ni los chabolistas ni los mediadores ponen en duda.

Es la denominada "ley gitana", que algunos de los presentes reconocieron a Efe que han cumplido en otras ciudades.

Oficialmente, están interviniendo para solucionar este problema las consejerías andaluzas de Educación y la de Igualdad y Bienestar Social, la Fiscalía y el Comisionado para el Polígono Sur, que aúna a varias instituciones.

La propuesta de los familiares del joven fallecido pasa por que los chabolistas no vuelvan a sus pisos de las Tres Mil, donde sólo tres familias de las que huyeron tienen "los papeles" de las viviendas en regla, porque el resto las compraron en tratos privados sin validez legal o simplemente las ocuparon.

Una veintena de asociaciones del Polígono Sur, donde están las Tres Mil, también han pedido que estas familias no vuelvan al barrio por la elevada conflictividad que generan algunos de sus miembros.

Los mediadores insisten en que intervienen porque son "gitanos" y porque quieren que se acabe la espiral de violencia que se produciría con la vuelta de los chabolistas a las Tres Mil.

Estos gitanos "respetables", que se desplazan a las chabolas en potentes vehículos y entre los que está el representante de la Unión Romaní Manuel García Rondón, afirman que las administraciones, durante el verano, van a poner agua corriente en el descampado y les van a dar alimentos.

Un vehículo del Cuerpo Nacional de Policía vigila el entorno e incluso se introduce en los caminos de tierra del descampado, donde se producen las reuniones entre los mediadores en torno a un improvisado corro.

Sólo los hombres pueden hablar en esas reuniones, mejor si son mayores, y si las jóvenes alzan la voz, algunas de las cuales dan de mamar de pie a sus bebés, las mayores les callan.

Los niños semidesnudos hacen mientras tanto sus necesidades sin ningún tipo de higiene y a pocos metros de esas reuniones el esforzado educador Jorge Morillo intenta paliar tanta penuria repartiendo, con la ayuda de voluntarios, recipientes de agua, regalando balones a los menores o con la organización de partidos de fútbol.

El mediador Fernando Moreno, que trabaja habitualmente en los colegios públicos de las Tres Mil, lamenta que tantos chavales pierdan el curso y las buenas prácticas adquiridas en los últimos años, pero advierte de que los gitanos tienen un "don de supervivencia" y son capaces de adaptarse a circunstancias muy duras, como al actual descampado, como él mismo experimentó de chiquillo.

Preguntadas las administraciones, sus responsables afirman que el problema "es muy complicado" y que están trabajando de forma conjunta, aunque tras 84 días aún no hay soluciones definitivas