DAZED AND CONFUSED (La Voz de Cádiz 5-09-2012)

Si yo fuera un ciudadano de a pie de los de la Isla de León, de esos que han votado a De Bernardo para que saliera Fran Romero, o de los que votaron a Ciudadanos porque no eran el PP. Si hubiera apoyado a Pedro Reyes para castigar al PSOE sin sospechar que iban a aliarse; si yo lo fuera, que a veces lo he sido (y otras veces lo seré), estaría desorientado. Y mucho, además. El motivo es el anuncio que ha hecho el alcalde de la ciudad y presidente de la Diputación Provincial, José Loaiza, de que el Ayuntamiento de San Fernando, por medio de los servicios jurídicos de la citada Diputación, ha interpuesto una demanda en el juicio contable que se dilucida ante el Tribunal de Cuentas, apuntando directamente a todos los integrantes del célebre juicio de la ‘Caja Municipal’. Así, se dispara contra los cajeros Clemente Ruiz y María José Lebrero (que ya están imputados en la sede penal) y se pone en la mirilla a los considerados responsables subsidiarios: antiguos alcaldes, Antonio Moreno y Manuel de Bernardo; anterior interventor municipal, Rafael Monzón; actual, José Antonio López y la tesorera municipal, Virtudes Gómez.

Si yo fuera un ciudadano de a pie o un ‘miles gloriosus’ digo que no entendería nada de esto. O sea, existe un procedimiento judicial penal -en eterna instrucción- donde se enjuicia el robo de unos ocho millones de euros mal contados. Y existe otro procedimiento de responsabilidad patrimonial ante el Tribunal de Cuentas. ¿Pero no existe prejudicialidad penal; o sea, que hasta que no se determine si los presuntos culpables, los cajeros (o alguien más) se llevaron dolosamente o no el dinero y se les pene, no podría quizá quedar suspendida la vía contable? Además, igualmente, se podría abrir pieza separada de responsabilidad civil del robo, acudiendo a lo que los romanos llamaban culpa ‘in eligendo’ e ‘in vigilando’, que es la que dimana del que elige mal a un interventor o una tesorera y/o no vigila que cumplan su labor diligentemente.

Resulta curioso (ironía) que el ex alcalde Manuel de Bernardo, actual concejal de la Corporación municipal, no haya presentado inmediatamente su dimisión irrevocable como tal y, del mismo modo, que no se la hayan exigido en bloque sus compañeros de Pleno. Y qué decir del interventor y la tesorera, que continúan en sus puestos de trabajo, cobrando su mísero sueldo de barandas municipales, sin haber sido suspendidos de empleo y sueldo. En ninguna empresa privada pasaría esto: que se esfume la caja del día y se mantenga al responsable en plantilla aunque, bien es cierto, desconozco si existe algún procedimiento disciplinario contra los custodios del erario municipal, que podrían decírnoslo también, por cierto.

Y enfadado. Sí, también. Porque las responsabilidades subsidiarias parecen ridículas en relación con el monto total. Porque aquí ni dimite ni se cesa a nadie. Porque se gastaron 60.000 euros de nuestros impuestos en un informe jurídico patrocinado por ‘Scottex’. Y porque el secreto de sumario parece que no se levantará nunca...

Enrique Montiel de Arnáiz