BODA FRUSTRADA
La que iba a ser una jornada inolvidable para Héctor y Marisol se convirtió en una pesadilla que les costará mucho tiempo olvidar. En la mañana de ayer llegaba este joven colombiano al juzgado en un coche, acompañado de un familiar, para contraer matrimonio cuando, en el momento en el que puso un pie en el suelo, fue detenido por varios policías de paisano que estaban esperándole. ¿La causa? Su situación administrativa irregular en España. En la tarde de ayer la juez decidió su envío a un Centro de Internamiento de Extranjeros, en el que puede permanecer hasta 40 días antes de ser expulsado del país.
El abogado Gustavo Pietropaolo, responsable del servicio jurídico de Inmigración del sindicato UGT, explicó que se trata de una situación «muy excepcional»: «Desconocemos cuál ha sido la razón por la que se ha realizado así esta detención. Es cierto que este chico tenía unos antecedentes del año 2005 por una pelea pero estaban pagados y archivados y es el único borrón en una familia que lleva años en Burgos».
El letrado anunció la presentación de un recurso de apelación y de otro contra la orden de expulsión que incluirá la solicitud de medidas cautelares fundadas, sobre todo, en atención a la existencia de un hijo menor y una compañera con la que iba a contraer matrimonio, ambos de nacionalidad española. Además, sus padres viven también en Burgos desde hace mucho tiempo.
En este sentido, Pietropaolo explicó que existe jurisprudencia del Tribunal Supremo que admite que para que a una persona se le pueda expulsar tiene que carecer de arraigo en el país, algo que no se produce en este caso: «Hay muchas sentencias en las que pesa más tener familia aquí que cualquier irregularidad. Y si el mayor delito que ha cometido ha sido el de 2005 y está pagado, es completamente desproporcionado. Además ¿qué sentido tiene que se le mande a Colombia, donde no tiene a nadie?», se preguntó.
Por otro lado, destacó el hecho de que la familia se ha quejado por el trato de «delincuente peligroso» que se le ha aplicado. Asegura que no se le ha diferenciado de alguien que ha cometido un delito; «No hay que confundir términos, una cosa es estar irregular y otra, muy distinta, en busca y captura». La familia, además, ha sido expulsada de comisaría, «un sitio público en el que es lógico que estuvieran en ese momento».
Pietropaolo precisó, por otro lado, que existen unos derechos civiles, como el de contraer matrimonio, que hay que respetar, al margen de la situación administrativa. En este sentido se pronunció también Sonia Rodríguez, abogada de Burgos Acoge, entidad que ha mostrado su malestar por esta detención «que no se ha hecho en condiciones normales y sin respetar el derecho a contraer matrimonio». Rodríguez dijo que este «caso excepcional no puede ni debe repetirse».
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